Ponencia de alto nivel realiza diputado José Morales


El parlamentario aseguró que la justicia de paz tiene rango constitucional, como parte integrante del Sistema de Justicia.

Gerard Massari E/C.

Una magistral ponencia inherente al tema de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, realizó recientemente en la capital de la República, el Dr. José Morales; diputado a la Asamblea Nacional (AN) del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por la entidad trujillana.

Es de resaltar que el parlamentario acudió en calidad de invitado y ponente, al Foro Permanente sobre la Diversidad Cultural, evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y efectuado el pasado jueves, en la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño.

La referida actividad contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, Ministro del Poder Popular para la Cultura Pedro Calzadilla y el viceministro Benito Irady, presidente del Centro de la Diversidad Cultural.

La justicia fue el tema de apertura de la citada jornada, en tal sentido la Dr. Luisa Estella Morales, señaló la imposibilidad de hablar de derecho sin hablar de cultura.

El origen del derecho y de las leyes está en la resolución de los conflictos de las comunidades, a través del desarrollo cultural, explicó la máxima representante del Poder Judicial, al dirigirse a decenas de cultores provenientes de todo el país.

Cultura jurídica
Por su parte el parlamentario José Morales, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior; abordó el tema inherente a la justicia de paz comunal, no sin antes acotar que la consagración de la diversidad cultural, es reconocida por nuestra Constitución y en ella implica, el reconocimiento de diversos modos de administrar justicia, sin detrimento de los derechos fundamentales, en el ámbito nacional e internacional.

Morales fue coordinador del proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, legislación aprobada y sancionada por la plenaria del Parlamento Nacional en diciembre del año pasado.

“Esta diversidad de modos de administración de justicia, constituye capacidades desarrolladas y potencialidades a desarrollar en Venezuela, por vía legislativa y jurisprudencial, de manera coherente y con la conciencia de contribuir a la construcción colectiva de una cultura jurídica más cívica, social y humana, en el marco del proceso de refundación de la República y la transición al socialismo bolivariano”, dijo.

Soberanía popular
Durante su ponencia citó varios artículos que sirvieron de esbozo explicativo, en relación al tema tratado. Seguidamente agregó que “nuestra  Constitución, con fundamento en el principio de soberanía popular, declara que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y (as) y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley.

La justicia de paz tiene rango constitucional, como parte integrante del Sistema de Justicia y se ordena su organización en las comunidades, constituyendo un medio de participación y protagonismo del pueblo en la administración de justicia”.

El Estado tiene continuó, el deber de garantizar las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley y el acceso universal de todas las personas al Sistema de Justicia, sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de las personas en situación de vulnerabilidad social.

“Se trata de promover la creación y fortalecimiento de los medios de participación protagónica del pueblo en la formulación, ejecución y control de las políticas del Sistema de Justicia, así como en los procesos judiciales; y la afirmación de la soberanía nacional y la ratificación del carácter popular del Sistema de Justicia, a fin de consolidar el Estado de Justicia a partir del Estado de Derecho.

La justicia de paz comunal comprende el ámbito de la justicia de paz, que promueve el arbitraje, la conciliación y la mediación para el logro o preservación de la armonía en las relaciones familiares, la convivencia vecinal y comunitaria; y el ámbito delas situaciones derivadas directamente del derecho a la participación ciudadana con relación a las instancias y organizaciones del Poder Popular, así como las generadas como producto del funcionamiento de éstas”.

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